El auge preocupante de la extorsión en Ecuador: Tras la huella de la fragmentación de grupos

En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un preocupante incremento en los casos de extorsión, un fenómeno que ha experimentado un vertiginoso aumento según datos recabados por las autoridades policiales. Entre 2022 y noviembre de 2023, la extorsión se ha disparado en más de un 65%, marcando un alarmante hito en la seguridad ciudadana.

Estas cifras, proporcionadas por la policía ecuatoriana y compartidas por InSight Crime, revelan una tendencia inquietante: desde el 2021, la extorsión ha crecido en proporciones asombrosas, superando incluso un incremento cercano al 400%. Este fenómeno no solo ha generado preocupación en las esferas gubernamentales, sino que ha puesto de manifiesto la compleja dinámica de fragmentación de grupos que opera en el país.

La extorsión, una práctica delictiva que históricamente ha estado vinculada a ciertas estructuras criminales, ha encontrado terreno fértil en medio de la desigualdad social y la fragilidad económica de ciertos sectores de la población. El incremento exponencial de estos actos extorsivos no solo refleja un aumento en la delincuencia, sino que también apunta a la evolución y ramificación de grupos criminales que han diversificado sus métodos y alcance territorial.

Los motivos detrás de esta escalada en la extorsión son multifacéticos. Desde la emergencia de nuevas organizaciones delictivas hasta la sofisticación de estrategias para extorsionar, la realidad detrás de este fenómeno es compleja. Los expertos en seguridad advierten sobre la necesidad urgente de abordar no solo las consecuencias inmediatas de estos actos delictivos, sino también las causas subyacentes que alimentan esta preocupante tendencia.

El gobierno ecuatoriano, en colaboración con las fuerzas de seguridad, ha intensificado sus esfuerzos para combatir este flagelo. Se han implementado estrategias de prevención, operativos de inteligencia y medidas para fortalecer la capacidad de respuesta ante estos actos criminales. Sin embargo, el desafío persiste, desafiando constantemente los recursos y la capacidad de adaptación de las autoridades.

La sociedad civil, por su parte, ha alzado su voz exigiendo acciones más contundentes y programas integrales que no solo ataquen las consecuencias, sino que aborden las raíces de este problema. La lucha contra la extorsión no solo requiere medidas punitivas, sino también políticas sociales y económicas que aborden la desigualdad y la exclusión, terrenos fértiles para la proliferación de la delincuencia.

En el crisol de la creciente extorsión en Ecuador, la clave para revertir esta tendencia parece residir en un enfoque integral, que combine la firmeza en la aplicación de la ley con estrategias inclusivas y sostenibles que promuevan la equidad y el desarrollo social. La batalla contra la extorsión no es solo un asunto de seguridad, sino un desafío que pone a prueba la capacidad de la sociedad para proteger a sus ciudadanos y forjar un futuro más seguro y justo para todos.